Sentencia A. 1463/25

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 1463 DE 2025

Referencia: expediente ICC-5131

Conflicto de competencia presentado entre el Juzgado 067 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y el Juzgado 001 Civil Municipal de Ubaté, Cundinamarca.

Magistrada ponente:

Lina Marcela Escobar Martínez

Bogotá D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Aclaración previa: en observancia de la Circular Interna No. 10 de 2022 de la Presidencia de la Corte Constitucional sobre la anonimización de nombres en las providencias disponibles al público en la página web de la Corte Constitucional, la Sala dispuso que la presente providencia fuera presentada en dos ejemplares. Uno, con los nombres reales y la información completa de la parte accionante, y otro con nombres ficticios. La razón para anonimizar el nombre de los involucrados tiene que ver con la referencia a datos de un menor de edad.

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.       Acción de tutela. Ana, en calidad de guardadora y representante legal de su nieto Esteban, interpuso acción de tutela en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. -AFP Protección-, ante los jueces de tutela (reparto) de Bogotá[1], por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, salud y vida digna del menor de edad[2].

 

2.       La representante manifestó que, (i) su hija Martha, madre de su nieto, falleció el 31 de diciembre de 2015; (ii) Martha cotizó para pensión a través de la AFP Protección; (iii) desde el deceso de su hija se hizo cargo de su nieto por lo cual, inició un proceso de guardador; (iv) el 18 de marzo de 2025 -a través de apoderada-, presentó ante la AFP Protección una solicitud de reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de su nieto Esteban; (v) el 28 de marzo de 2025, la entidad accionada le notificó a la accionante que validó la documentación y la solicitud fue aceptada por lo que debía realizar el seguimiento a la misma, sin advertir actualizaciones en la página de seguimiento. (vi) Indicó que, en vista de lo anterior, el 25 de julio de 2025, se comunicó con la entidad y le informaron que ya se había dado respuesta, remitida al correo aportado; no obstante, afirma que aquella no le fue notificada. Agregó que (vii) presentó una queja ante la Superintendencia Financiera, ante la falta de respuesta por parte de la aseguradora, de la cual tampoco recibió contestación. Asimismo, (viii) resaltó que Esteban no ha sido afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, a través de la presente acción constitucional, la convocante solicitó ordenar a la AFP Protección reconocer y pagar a favor de su nieto la pensión de sobreviviente de Martha.

 

3.       La accionante señaló que reside con su nieto en Ubaté, Cundinamarca, producto del desplazamiento que tuvieron que realizar por un movimiento en masa en Socotá, Boyacá, hecho certificado por el Consejo Municipal del Riesgo de Desastres. En el acápite de notificaciones aportó un correo electrónico y escribió “(…) en la vereda el Hato de Ubaté- Cundinamarca”.

 

4.       Declaraciones de falta de competencia. El Juzgado 067 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en Auto del 21 de agosto de 2025, afirmó que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el presunto acto que vulnera los derechos fundamentales de los accionantes tendría efectos en Ubaté, por tratarse de su lugar de residencia. Por lo anterior, dispuso la remisión a los jueces municipales de tal localidad, de conformidad con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015[3], modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que contempla el factor territorial para la asignación de competencia[4].

 

5.       Surtido el segundo reparto, el Juzgado 001 Civil Municipal de Ubaté, mediante Auto del 22 de agosto de 2025, declaró su falta de competencia para conocer la diligencia, planteó conflicto negativo y remitió el proceso a esta Corporación[5]. Indicó que la Corte Constitucional ha señalado que (i) la competencia no se determina por el domicilio de la entidad demandada, sino por el lugar donde ocurre la vulneración de los derechos fundamentales o donde se surten sus efectos[6]; y que, (ii) “en el evento de no poderse determinar claramente el lugar de vulneración, la competencia debe ser atendida a prevención, es decir, respetando el querer del accionante”[7].

 

6.       Reparto al despacho sustanciador. El 25 de agosto de 2025, el expediente fue remitido a esta Corporación y fue repartido al despacho de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez en sesión de Sala Plena del 4 de septiembre de 2025 para su respectiva sustanciación.

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

7.       Competencia. La Corte ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[8]; de modo que, su competencia sólo se activa en aquellos casos en que la mencionada norma no prevea la autoridad judicial encargada de asumir el trámite, o aun cuando la definan, se requiera dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, a fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[9].

 

8.       En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[10], pues las autoridades judiciales en disputa forman parte de especialidades diferentes de la jurisdicción ordinaria y pertenecen a distritos judiciales distintos. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

9.       Factores de competencia en materia de tutela. Únicamente son tres y se encuentran en los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio de su título transitorio (adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017), y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991; a saber, (i) Territorial: son competentes «a prevención» los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza, o donde se producen sus efectos[11]. (ii) Subjetivo: se aplica a casos de acciones de tutela contra los medios de comunicación y contra las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz[12]. (iii) Funcional: únicamente pueden conocer de la impugnación de una sentencia de tutela las autoridades judiciales que sean los «superiores jerárquicos correspondientes», según la jurisprudencia[13].

 

10.   Factor territorial. La competencia por este factor no se puede determinar exclusivamente a partir del lugar de residencia de la parte accionante o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales. Por el contrario, los jueces con jurisdicción en el lugar donde (i) ocurrió la violación o amenaza o (ii) se producen sus efectos, son competentes “a prevención”[14]. Además, la Corte ha precisado que la dirección de notificación de los apoderados judiciales no es relevante para determinar la competencia territorial[15].

 

III.     CASO CONCRETO

 

11.   La Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de competencia, pues tanto el Juzgado 067 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá como el Juzgado 001 Civil Municipal de Ubaté, sustentaron su falta de competencia en el factor territorial, tal como se expuso en los párrafos 4 y 5 supra.

 

12.   Verificado el expediente se advierte que (i) la accionante no aportó con el escrito de tutela la solicitud primigenia elevada ante la AFP; (ii) la AFP Protección generó la constancia de recepción de radicación de solicitud de la prestación económica en Medellín^[16]; (iii) dicho oficio de recepción está dirigido a la apoderada de la accionante[17]; (iv) la accionante aduce que la AFP le informó que para hacer seguimiento de la solicitud debía revisar la página de la entidad. Así, aportó una captura de pantalla de la página web en la que se indica que el asunto está en análisis y dentro de la cual, aparecen como datos del solicitante un número celular y un correo electrónico. Sumado a lo anterior, se observa que (v) la pretensión principal de la señora Ana quien presentó la acción de tutela, sin intermediación de un apoderado, es que se reconozca y pague a su nieto la prestación económica, precisando como lugar para efectos de notificaciones una vereda en Ubaté y precisando que actualmente residen con el menor de edad en el mismo municipio[18].

                          

13.   Así las cosas, la Corte concluye que, solamente el Juzgado 001 Civil Municipal de Ubaté es la autoridad con competencia territorial en el asunto de la referencia. Lo anterior, porque (i) los efectos de la presunta falta de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de Martha a favor Esteban se extienden a Ubaté, lugar en donde el menor de edad representado sufriría las consecuencias, se reitera, de la falta de reconocimiento y pago de la prestación económica; y, (ii) de acuerdo con el material que obra en el expediente, no es posible concluir que la presunta vulneración alegada en el escrito de tutela ocurrió o produce sus efectos en Bogotá. Esto, porque del material que obra en el expediente de tutela la accionada generó una constancia de recepción de la solicitud en Medellín, por lo que, sería allí donde se presume que se esta ocasionando la presunta vulneración. Además, según la jurisprudencia constitucional, la dirección de notificación de los apoderados no es relevante para determinar la competencia territorial, más aún si se tiene en cuenta que, la presente acción de tutela la presenta Ana sin intermediación de apoderado y que con ella pretende el pago de la prestación a favor del niño[19] la cual, según la página de la entidad, está en estudio.

 

14.   Decisión de la Sala Plena. Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que el Juzgado 001 Civil Municipal de Ubaté, es el competente por el factor territorial para resolver, en primera instancia, la acción de tutela. En este sentido, (i) se dejará sin efectos el auto en el que declaró la falta de competencia para conocer la presente diligencia, y (ii) se le remitirá el expediente para que inmediatamente adopte la decisión a que haya lugar. Además, se le advertirá que cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto por las autoridades establecidas en la Ley 270 de 1996 y en el Auto 550 de 2018.

 

IV.    DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 22 de agosto de 2025, proferido por el Juzgado 001 Civil Municipal de Ubaté, Cundinamarca, dentro del trámite de tutela promovido por Ana, en calidad de guardadora y representante legal de su nieto Esteban, contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-5131 al Juzgado 001 Civil Municipal de Ubaté, Cundinamarca, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

TERCERO. ADVERTIR al Juzgado 001 Civil Municipal de Ubaté, Cundinamarca, que cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto por las autoridades establecidas en la Ley 270 de 1996 y en el Auto 550 de 2018.

 

CUARTO. Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICARLE la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y al Juzgado 067 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JUAN JACOBO CALDERÓN VILLEGAS

Magistrado (e)

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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